Agencias
Los Ángeles (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El gobernador de Texas, Gregg Abbott, y su nueva orden ejecutiva de devolver a los puertos fronterizos los migrantes que detengan la policía y oficiales de la Guardia Nacional en ese estado, precipitó la condena de los gobiernos de EE.UU. y México que consideran que se está extralimitando en sus poderes.
El republicano ordenó este jueves a los miembros de la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detener y llevar a los puertos de entrada a los migrantes indocumentados en territorio tejano.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, le recordó hoy a Abbott que las decisiones sobre inmigración son competencia del Gobierno federal y le pidió que no se “entremeta” en ese tema.
“Los estados no deberían estar tomando decisiones o entrometiéndose en eso. Especialmente el gobernador de Texas Abbott, que tiene un historial de causar caos y confusión en la frontera”, subrayó Jean-Pierre.
Abbott causó revuelo este año a los gobiernos de México y EE.UU. por obstruir las cadenas de suministro en la frontera con inspecciones estatales adicionales de camiones, que tuvo que eliminar ante la presión comercial internacional.
Bajo la nueva medida de Abbott, de dudosa legalidad, no está claro si los agentes estatales de Texas entregarán los migrantes a las autoridades federales.
UNA MOVIDA POLÍTICA
La orden ejecutiva de Abbott tampoco cayó bien en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de “inmoral” y “vulgar” la nueva disposición del republicano, quien busca su reelección en noviembre próximo.
En este sentido, el mandatario mexicano advirtió de que Abbott busca “sacar votos” con esta nueva disposición.
“No le corresponde legalmente tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el Gobierno federal de Estados Unidos. Sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo”, sostuvo López Obrador.
Desde que el presidente Joe Biden llegó al poder en enero de 2021, Abbott ha emprendido un pulso contra el Gobierno federal demócrata, acusándolo de promover una política de “fronteras abiertas”.
“A medida que los desafíos en la frontera continúan aumentando, Texas continuará tomando medidas para abordar los desafíos causados por la Administración Biden”, insistió el republicano al hacer el anuncio este jueves.
PIDEN INVESTIGACIÓN
Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración instó al Departamento de Justicia de EE.UU. a tomar medidas de inmediato “para detener la orden ilegal del gobernador Abbott”.
Considera la medida una amenaza para los latinos y los inmigrantes de todo el país.
Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos urgió al fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, investigar el alcance y la legalidad de la polémica operación Estrella Solitaria, lanzada en marzo de 2021 por Abbott, que desplegó más de 10.000 soldados de la Guardia Nacional para tareas migratorias.
“El gobernador Abbott, su administración y la Operación Estrella Solitaria son directamente responsables de la creciente pérdida de vidas de migrantes en todo el estado”, se lamentó García.
Esta semana una investigación de los medios especializados ProPublica y The Texas Tribune reveló que el Departamento de Justicia investiga presuntas violaciones de los derechos civiles causadas por dicho operativo, que destinó más de 3.000 millones de dólares a medidas fronterizas que se invertirán en los siguientes dos años en ese estado.
LA ESTRATEGIA DE “LA INVASIÓN”
La orden de Abbott de ayer, que hace parte de los esfuerzos de la polémica operación, se dio la misma semana en la que autoridades de varios condados del sur de Texas pidieron “más acción” al republicano para detener el ingreso de indocumentados, que califican de “invasión”.
La declaración de “invasión” hace parte de un movimiento que quiere invocar una declaración de la Constitución de EE.UU., que da una base legal a los estados para llamar a la guerra.
Kate Huddleston, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas, advirtió que justificar la orden al invocar la retórica de la “invasión” aviva imprudentemente las llamas del odio en el estado.
La abogada recordó que esta retórica “alimentó” el tiroteo de El Paso (Texas) en 2019 que mató a 23 personas, entre ellos varios mexicanos.
La orden ejecutiva de Abbott no declara explícitamente una “invasión”, pero sí hace referencia a la Constitución de Estados Unidos.
Huddleston pidió a la Casa Blanca “asegurarse de que las agencias federales no desempeñen ningún papel” en la aplicación de la orden ejecutiva de Abbott.
Al respecto, el director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Chris Magnus, dijo hoy que la medida del gobernador republicano representa un “desafío”.
“Estamos listos para trabajar con Texas para lograr estos objetivos. Pero el desafío es saber cuándo cualquier estado, como Texas, toma medidas unilaterales que simplemente nos dificultan hacer esto”, dijo Magnus.
(c) Agencia EFE