Tiempo de Opinar
Raúl Hernández
Cometer fraude en las elecciones es inimaginable, imposible, sostuvo Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas y dijo las casillas estarán resguardadas por casi 50 mil ciudadanos.
En realidad se van a instalar 4,940 casillas en todo el estado, cada una integrada por un presidente, dos secretarios y 3 escrutadores propietarios, además de 3 suplentes generales.
En total se designará a 44,460 funcionarios de casilla, seleccionados al azar. Adicionalmente, cada uno de los siete partidos con registro oficial está autorizado a tener cuatro representantes por casilla, dos propietarios y dos suplentes. También tienen derecho a un representante general por cada 10 casillas ubicadas en el área urbana y uno por 5 en la zona rural. Si todos cumplen, lo que no va a ocurrir, habría más de 140 mil representantes de casilla y generales. Es decir, más de 184 mil personas estarían cuidando que se respete el voto.
Aquí en Nuevo Laredo se van a instalar 464 casillas. Cada partido puede registrar 2,256 representantes de casilla, más 56 generales, para un total de 2,312 y multiplicado por siete habría 21 mil 256 representantes, que por supuesto no los habrá.
Con una vigilancia así, sería casi imposible que hubiese fraude, como lo afirma Ramos Charre. El problema es garantizar que el día de la jornada electoral los seis funcionarios propietarios de cada casilla asistan en tiempo y forma, lo que tradicionalmente no ocurre al 100 por ciento.
Por muchas razones, los funcionarios designados no cumplen con su responsabilidad el día de la elección y se hace necesario echar mano de los suplentes o de los ciudadanos que esperan su turno en fila, para emitir su voto.
Y lo mismo ocurre con los representantes de casilla. Lo ideal es que un partido registre a la totalidad de sus representantes generales y por lo menos a un representante de casilla. Y que no solo los registren, que acudan.
Ya se hizo costumbre que partidos chicos como el PT y PRD registren nombres de personas que no se presentan el día de la elección, pero lo que sus líderes quieren es cobrar y quedarse con una gratificación que el partido estatal entrega por cada representante de casilla, que usualmente es de entre 400 a mil pesos por persona.
Ahora bien, el periódico Milenio publicó una investigación que da cuenta que del 2012 a la fecha, se han abierto 35 mil 346 averiguaciones por la presunta comisión de delitos electorales. 21 mil de estas carpetas corresponden a casos federales y 14 mil locales y de este universo, solo se han aplicado 39 sentencias por delitos electorales, es decir, se ha sancionado 3.25 casos por año. Casi nada. En pocas palabras, pensar en que se castigue los delitos electorales es casi inimaginable, imposible, usando palabras de Ramos Charre.
En otro tema, los hermanos Carmen y Carlos Canturosas encabezaron un mega pegoteo en la colonia de Reservas Territoriales. Es el tercer mega-pegoteo de la campaña y con el cual los dos candidatos muestran músculo.
Estamos a 20 días de la elección y las campañas suben de intensidad.
Por su parte, Yahleel Abdala encabezó una cabalgata en el rancho La Media Luna, de Renato Madrigal. La candidata de la alianza PAN-PRI, estuvo acompañada de la candidata a senadora, Imelda Sanmiguel Sánchez.
Las candidatas cabalgaron más de una hora y Yahleel dijo que en su gobierno impulsará las actividades charras, una tradición que no debe perderse.
Ambas candidatas hicieron un llamado a los neolaredenses para que el día de elección ejerzan su voto y que lo hagan de manera libre y secreta, como lo mandata la constitución.
Nosotros reiteramos nuestra recomendación de que si a un ciudadano le ofrecen una despensa, incluirlo en un programa social o una dádiva, que la reciban y le hagan creer a quien se los dio que le van a dar su voto, pero cuando estén frente a la urna, decidan en libertad.
No se le puede exigir a quien padece hambre, que rechace una despensa que se entrega condicionada al voto, pero aun recibiéndola esa persona debe decidir en libertad.