Tiempo de Opinar
Raúl Hernández
No hay que hacer olas en el tema de la renuncia masiva de los 10 integrantes del Consejo Municipal Electoral. Renunciaron después de que cumplieron su obligación, no antes. Y solo ellos saben las presiones a las que fueron sometidas, por nada, o casi nada, pues los consejeros no tienen sueldo. Reciben una gratificación, que es mínima, muy mínima, simbólica, pues.
Luego de que terminó el segundo recuento, ya entrada la noche del 8 de junio, los 57 paquetes electorales -conteniendo boletas y acta de escrutinio- fueron depositados en una bodega y el resguardo se encargó a elementos de la Guardia Estatal. Los 10 consejeros no estaban obligados a colocarse afuera de la bodega y vigilar que nadie ajeno entrara.
Después del segundo recuento, la responsabilidad de los consejeros estaba cumplida. Ciertamente después de esa fecha el presidente del Consejo, estaba en condiciones de ser requerido por el IETAM para aclarar alguna información, desde lo relacionado con la elección -quizá alguna acta de escrutinio que no se digitalizó bien- o alguna cuestión administrativa, de que se haya extraviado la documentación del algún asistente electoral, pero el trabajo principal, el recuento y entrega del acta al ganador, ya se había cumplido.
Los paquetes electorales fueron enviados a Ciudad Victoria ayer y ya están en poder del IETAM, que los resguardara y los entregara al Tribunal Estatal Electoral en caso de que este organismo los requiera. Los paquetes están intactos, pues desde que terminó el segundo recuento, el 8 de junio, fueron depositados en una bodega.
La elección de Nuevo Laredo está impugnada por el PAN y corresponde al Tribunal Estatal Electoral revisar y analizar ese recurso. Como parte de esa revisión, se puede determinar un nuevo recuento en las 567 casillas, o en 200, o en 50, o en 5, o en ninguna. Esa es una decisión del Tribunal. También puede suceder que el Tribunal no recuente ninguna casilla, pero igual decida anular la votación en una o en varias casillas. En el 2018, por ejemplo, se anularon 49 casillas, lo que fue insuficiente para anular la elección y repetirla.
Una elección se puede anular si se demuestran irregularidades en el 20 por ciento de las casillas instaladas. Aquí se instalaron 567, se tendrían que anular 114.
Al PAN le asiste el derecho de impugnar los resultados ante tres instancias, el Tribunal Estatal, la Sala Regional del Trife en Monterrey y la Sala Superior, instancias que debe resolver antes del 1 de octubre.
En cifras redondas, Carmen Lilia ganó con 94 mil 500 votos y Yahleel Abdala 89 mil 900. Hay una diferencia de 4 mil 600 votos. Es mucha diferencia de votos y más si se es demócrata y se cree en la frase aquella de que con un voto de diferencia basta.
Los tribunales electorales están más a favor de proteger y validar los votos, que anularlos. La anulación de una elección es la excepción, y no la regla. Y de poco sirve que los impugnadores contraten al mejor de los especialistas en derecho electoral. Si no hay elementos para impugnar, el recurso va a fracasar. Insistimos en que la ley le concede a los inconformes, tres instancias para impugnar. En 29 municipios y 19 distritos, los partidos perdedores aceptaron los resultados y no impugnaron.
Seguramente la decisión final de la elección de Nuevo Laredo la decidirá la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Igual pasó en el 2018 y en el 2021.
Nuevo Laredo vive una situación atípica con la renuncia masiva de los consejeros electorales, pero el voto está protegido. No hay que hacer olas, no hay que buscarle ruido al chicharrón. Que nadie se imagine que con el traslado de los paquetes Victoria ahora resulte que ganó el PRD. La elección la ganó Carmen Lilia. De eso dieron cuenta los ciudadanos y fue validado en el segundo recuento, con la participación de decenas de representantes de los partidos políticos.ResponderResponder a todosReenviar
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