By Tendencias
Oscar Contreras
Resulta inconcebible que profesionistas lleguen a cargos de supervisión y control del gasto para que luego, después de que terminan con su responsabilidad, se descubra que ellos mismos fueron los que saquearon al gobierno o a la institución o dependencia que los contrató.
Este es un asunto de ética, de principios y de lealtad con quien te puso en el cargo, pero si el que lo hizo es el que promueve los actos de corrupción, pues vaya que estamos en periodo perdido donde lo chueco es lo derecho y el que piensa y actúa de manera honesta es el que pierde.
Y es que nos referimos a la denuncia que la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó ante la Fiscalía General de Justicia del estado en contra de Paulina “N”, ex directora de Adquisiciones de la UAT quien ha sido vinculada a proceso por un presunto desvío de recursos públicos y adjudicación irregular de contratos a proveedores privilegiados.
La investigación señala que Paulina “N” habría manipulado contratos para eventos institucionales, inflando costos de bienes y servicios en beneficio personal, por lo que el Juez lo consideró como una grave violación a la administración pública universitaria.
Además, como una medida cautelar perdió temporalmente sus derechos políticos, se le prohibió salir del país por riesgo de fuga y se le retiró el pasaporte y deberá firmar semanalmente ante el juzgado durante 90 días mientras se lleva a cabo el proceso penal que se encuentra en la carpeta 385/2024.
Sin embargo, sería importante conocer quien la contrato y la puso en ese cargo, ya que existe la posibilidad de que no haya actuado sola y forme parte de una amplia red de corrupción y es necesario que se descubra para evitar que continúen realizando estos ilícitos que afecta los recursos de la universidad.
Es necesario que diga si actúo sola o en equipo, porque no vaya a suceder que esos deshonestos funcionarios sigan dentro de la universidad y se requiere que los despidan porque volverán hacer este tipo de manejos con los recursos públicos.
Con este tipo de casos, los ciudadanos se dan cuenta que en el gobierno o instituciones como la UAT, se encuentran muchos corruptos y bandidos en los cargos donde sólo deberían de estar profesionistas con probada honestidad y que conozca los riesgos a los que se exponen si realiza algún robo del dinero público.
Sería importante que las instituciones como la UAT y los gobiernos –estatal y municipal- pudieran ofrecerles a los funcionarios que inician por primera vez, alguna plática que los ponga al tanto de lo que pudieran ser merecedores en caso de cometer algún peculado con los recursos públicos y darles a conocer las penas que se les aplican en caso de caer en manos de la tentación.
Pero bueno, así como el caso de Paulina “N” seguro que existen otros, ya que en una reciente conferencia de prensa Jesús Eduardo Govea Orozco, Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas dio a conocer que existen ocho órdenes de aprehensión contra funcionarios de gobierno del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien también es investigado por diversos delitos.
Existen, además, alrededor de 15 servidores públicos de todos los niveles, vinculados a proceso y las denuncias que se tienen son contra 458 funcionarios entre titulares, mandos medios y superiores las cuales siguen investigando.
En fin, los números de los casos que se investigan por varios delitos en perjuicio de la administración pública estatal generan sorpresa, indignación y son inadmisibles, porque aquí es cuando la gente se pregunta: ¿para eso querían estar en el gobierno?… ¿ese fue el cambio que prometieron?
De salida. Claro que el panista Manglio Murillo tiene razón cuando asegura que ahora la sociedad tiene manera de comparar el gobierno anterior con el gobierno actual y sacar sus propias conclusiones.
Las 130 denuncias que “dice” existen por corrupción contra funcionarios del pan hablan por sí mismas y ni cómo defenderlas. Es un caso extraordinario y rebasa hasta la imaginación porque nunca antes se había visto en Tamaulipas.
Finalmente, si es una cacería de brujas o no lo es, el número de panistas involucrados con el saqueo al erario público en todos los niveles del gobierno estatal, justifica que sean investigados y perseguidos por la ley.
Y sino tienen culpabilidad que lo demuestren enfrentando a las autoridades y luego tiren la primera piedra…así de simple.
