By De Primera
Arabela García
El Escándalo de las Notarías en Reynosa
El próximo tercer informe del gobernador Américo Villarreal se perfila como un evento sombrío, ensombrecido por el hallazgo de fosas clandestinas que evidencian un problema de seguridad que el gobierno parece no saber controlar. A medida que el estado recuperaba una apariencia de calma, surgen estos macabros descubrimientos, cuestionando la capacidad del gobernador para depurar su equipo y avanzar en los proyectos prometidos.
Las estadísticas son alarmantes: según datos de colectivos de búsqueda, se han documentado más de 20 fosas clandestinas en Tamaulipas, un claro indicativo de que la crisis de seguridad no es solo un eco del pasado, sino una realidad que se intensifica bajo la administración actual. A pesar de que Villarreal y su equipo prometieron soluciones efectivas, los hechos sugieren que la situación se les ha escapado de las manos.
Jorge Cuéllar Montoya, vocero de seguridad del estado, ha jugado un papel central en esta crisis de credibilidad. Su insistente discurso de culpar a administraciones anteriores, sin ofrecer una autocrítica real, ha logrado que la percepción pública sobre la seguridad en Tamaulipas sea cada vez más negativa. En lugar de abordar el problema de frente, Cuéllar Montoya parece más preocupado por mantener una narrativa que favorezca al gobierno que por reconocer la alarmante escalada de la violencia.
En una reciente entrevista con el periodista Luis Cárdenas, Cuéllar Montoya trató de minimizar la gravedad de la situación, insistiendo en que “Tamaulipas es el estado más seguro del norte”. Sin embargo, sus afirmaciones fueron desmentidas no solo por los hechos, sino también por la voz de quienes están en la primera línea de la lucha contra la violencia: los colectivos de búsqueda que, con recursos limitados, realizan el trabajo que la autoridad debería estar llevando a cabo.
Los ciudadanos de Tamaulipas no pueden permitirse el lujo de ignorar esta realidad. La falta de acción efectiva por parte del gobierno actual ha llevado a una creciente desconfianza y desesperación. Los tamaulipecos están cansados de promesas vacías y discursos insostenibles. En lugar de enfocarse en la mejora de la seguridad, el gabinete de Villarreal parece más interesado en competir por ver quién ridiculiza más al gobernador, una competencia que claramente gana Cuéllar Montoya.
La inseguridad que se extiende del Bravo al Pánuco es una herencia que requiere soluciones concretas y efectivas, no justificaciones ni evasivas. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el gobierno de Villarreal puede revertir esta tendencia y devolver la confianza a los ciudadanos. Sin un cambio real en el enfoque hacia la seguridad, el tercer informe no será más que un recordatorio de lo que podría haber sido un gobierno enfocado en el bienestar de su gente.
La llamada a la acción es urgente: los tamaulipecos merecen un liderazgo que no solo reconozca los problemas, sino que también trabaje incansablemente para solucionarlos. Es hora de que la administración actual deje de esconderse detrás de estadísticas manipuladas y enfrente la cruda realidad. La seguridad no es solo un tema de discurso; es una necesidad básica que debe ser atendida con urgencia y compromiso.
El Escándalo de las Notarías en Reynosa
La reciente revelación sobre las notarías en Reynosa ha desatado un torbellino de inquietud en el ámbito jurídico y político de Tamaulipas. Las “notarías al vapor”, que han sido un refugio para amigos y allegados de políticos corruptos, ahora se encuentran bajo un serio dilema judicial. Irregularidades que “rayan en la ilegalidad” han sido detectadas, lo que pone en evidencia un sistema de favoritismo que ha prosperado en las administraciones pasadas. Estos acontecimientos no solo son alarmantes, sino que también ilustran cómo el abuso del poder ha permeado la asignación de notarías en la región.
Según informes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), se han identificado al menos cuatro notarías en Reynosa con apariencia de delito. Este “zipizape notarial” es prueba fehaciente de un legado de corrupción que ha dejado a varios abogados, beneficiarios de estas irregularidades, en una situación precaria. Aquellos que pensaron que sus favores políticos los protegerían ahora enfrentan la posibilidad de delitos que podrían llevarlos ante los tribunales.
Las diligencias realizadas por la FGJE, que incluyen la participación de agentes del Ministerio Público y peritos, tienen como objetivo desmantelar este entramado de corrupción. La recolección de protocolos y documentación esencial del periodo del 1 de enero de 2020 hasta la fecha es un paso necesario para poner en claro la magnitud del problema. Se espera que estas investigaciones revelen más nombres y prácticas ilícitas que se han mantenido en la sombra, pero que ahora están saliendo a la luz.
En este contexto, la figura de algunos notarios como Alfonso Fuentes, Rafael Morales de la Cruz y Juan Antonio Martínez Ceballos ha emergido, generando dudas sobre la ética y legalidad de su actuación. Aunque deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario, la mera mención de sus nombres en este escándalo no hace más que resaltar la profunda crisis de confianza que enfrenta el sistema notarial en Tamaulipas
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