By WASHINGTON – En medio de la creciente preocupación por la inmigración en la frontera sur, el gobierno del presidente Joe Biden está explorando medidas unilaterales para restringir el asilo y acelerar la deportación de recién llegados. Tres funcionarios informaron que se planea elevar los estándares en las entrevistas de asilo, la primera evaluación para evitar la deportación, y adoptar una política de “el último en entrar, el primero en salir” para deportar rápidamente a quienes no cumplan los criterios.
Estas acciones buscan frenar la migración ilegal, un tema crucial de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Aunque la administración aún no ha tomado una decisión final, estas medidas se consideran “fruta madura” y de rápida implementación, posiblemente a través de una orden ejecutiva o nueva regulación federal.
Sin embargo, hay escepticismo sobre la política “el último en entrar, el primero en salir”, ya que dejaría en un limbo legal a millones de inmigrantes ya en EE. UU. Un déficit presupuestario de más de $500 millones en ICE agrega complicaciones, con la amenaza de recortes de servicios clave sin más fondos del Congreso.
Un funcionario del DHS expresó preocupación sobre el impacto en inmigrantes ya en el país. El Congreso sigue siendo clave, y un portavoz del DHS instó a proporcionar fondos críticos para apoyar las misiones del DHS, subrayando que la falta de presupuesto limita sus acciones. Se hace un llamado al Congreso para actuar y abordar la crisis fronteriza de manera integral.
