By De Primera
Arabela García
La destitución del gerente comercial: el inicio de un proceso de saneamiento en la JAD de Matamoros
La reciente destitución del gerente comercial de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros, Emerico Anaya, ha marcado un punto de quiebre en la lucha contra la corrupción y el mal manejo de recursos en la paramunicipal. Durante años, la gerencia comercial se convirtió en un agujero negro de recursos, donde grandes sumas de dinero provenientes de adeudos no ingresaban a las arcas de la JAD. En su lugar, estos fondos terminaban siendo desviados a los bolsillos de los gerentes en turno, con el conocimiento tácito y, en algunos casos, con la protección de altos funcionarios municipales y hasta de los propios alcaldes y gerentes generales.
El desfalco generado por esta red de complicidades ha tenido efectos devastadores no solo en las finanzas de la paramunicipal, sino también en la calidad del servicio que se ofrece a los matamorenses. Los adeudos millonarios de los usuarios, algunos que superaban los 500 mil pesos, eran “reducidos” a cifras irrisorias mediante arreglos fraudulentos, donde solo se pagaban pequeñas fracciones de la deuda, mientras que el resto era desviado hacia los bolsillos de quienes estaban encargados de cobrar. Esta práctica generó un círculo vicioso de impunidad, que alimentó aún más la crisis financiera de la JAD y la ineficiencia de los servicios.
La destitución de Anaya es un claro indicio de que lo que muchos sospechaban, finalmente ha quedado expuesto: la corrupción y el mal manejo eran una realidad palpable dentro de la paramunicipal. El daño causado podría superar los 90 millones de pesos, una cifra alarmante que evidencia la magnitud del desfalco y las pérdidas para las finanzas del municipio. Sin embargo, este acto, aunque positivo, no es suficiente por sí solo. La situación sigue siendo grave y las consecuencias de estos actos deben ir más allá de una simple destitución.
Los morosos, muchos de los cuales se aprovecharon del sistema corrupto para no pagar por el servicio, siguen operando al margen de la ley, ofreciendo sobornos para evitar auditorías o castigos. Esto no solo sigue afectando la estabilidad financiera de la JAD, sino que pone en riesgo el suministro de agua para la población, ya que los recursos que deberían haberse destinado para mejorar los servicios se siguen perdiendo en manos equivocadas.
Afortunadamente, el presidente municipal, Alberto Granados, ha comenzado a tomar cartas en el asunto. Desde su campaña, Granados prometió un cambio en la gestión pública, y en los primeros meses de su gobierno ha demostrado que está dispuesto a poner orden en las instituciones municipales. La presencia de Bonifacio Monjaraz, comisario de la JAD, quien se encarga de revisar cómo se manejan los recursos, es una muestra de que las autoridades están decididas a sanear las finanzas de la paramunicipal y a mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Este proceso de saneamiento no será sencillo. El reto es monumental, pero el compromiso de la administración municipal es claro. El alcalde ha expresado que la clave del cambio está en recuperar la confianza de los ciudadanos, mejorar los servicios y, lo más importante, garantizar que los recursos públicos no sigan siendo un terreno fértil para la corrupción. Los matamorenses merecen una explicación y, sobre todo, soluciones tangibles que aseguren que lo sucedido no se repita.
En este contexto, las acciones del alcalde Alberto Granados se alinean con su lema de campaña: “más territorio, menos escritorio”. No se trata solo de un cambio en la administración, sino de una verdadera reestructuración que involucra a todo el equipo municipal. Cada peso que no se aplica de forma correcta en la JAD es un drenaje que no se arregla, es un servicio que no llega con la calidad que los ciudadanos merecen. Por ello, Granados ha puesto en marcha una serie de medidas que, aunque desafiantes, son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones municipales.
El inicio del proceso de saneamiento en la JAD es solo el primer paso en una serie de transformaciones necesarias para garantizar el bienestar de los matamorenses. A medida que avancen las auditorías, se implementen medidas de control y se castigue a los responsables de este desfalco, los ciudadanos podrán recuperar la confianza en sus autoridades y tener acceso a servicios de agua dignos, justos y transparentes. El camino es largo, pero la voluntad de cambiar es evidente, y Matamoros merece ese cambio.
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