Patricia Mayorga / Raíchali
CHIHUAHUA, Chih. El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados, Feliciano Flores Anguiano (Morena), en contubernio con el diputado federal chihuahuense Mario Mata Carrasco (PAN), buscan cancelar la iniciativa ciudadana de Ley de Aguas, de la que han logrado un consenso con organizaciones civiles, pueblos originarios, académicos e instancias internacionales, advirtió la organización Agua para Todos.
En su lugar, indican, intentan llevar al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa “hechiza” que no cumple con los requerimientos que garanticen el derecho humano al agua de manera equitativa y sustentable y permite la continuidad de la impunidad.
La iniciativa Mata-Flores, alerta Agua para Todos, impone un sistema de concesiones sobre las nacionales, objetos de transacciones de compra y venta; no se podría prevenir la compra-venta de concesiones otorgadas en exceso de disponibilidad; no menciona a los pueblos indígenas y privilegia tanto a los concesionarios, al grado que no quedan recursos para la inspección y la sanción.
En un comunicado de prensa señalan que el jueves pasado, el diputado Flores Anguiano sometió a votación en la Comisión que preside, una propuesta que ya había presentado el panista Mario Mata, apoyado por el PRI de Tamaulipas, para mantener la actual Ley de Aguas Nacionales y añaden una “Ley general de aguas” con un alcance muy limitado.
Con el hashtag #NoaLaLeyMataFlores, exigen que se respete el proceso de trabajo que se ha impulsado desde la ciudadanía y que Anguiano Flores no haga caso omiso de la iniciativa ciudadana ni de otras presentadas con anterioridad, como la iniciativa de la Comisión del Medio Ambiente elaborada por el grupo parlamentario Morena, la del Partido del Trabajo y las propuestas formuladas en la misma comisión de Recursos Hidráulicas de la Cámara de Diputados.
“Estas iniciativa y propuestas fueron fundamentadas con base en procesos ampliamente participativos que se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país. Cabe señalar que la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales fue uno de los temas consensados en los 35 foros estatales organizados por la propia Comisión”, refiere Agua para Todos.
Y alerta que el acuerdo que promueven los diputados Mata Carrasco y Flores Anguiano, intenta desechar esos avances que han para la nueva Ley de Aguas, que fueron acordados el pasado 28 de septiembre ante el relator para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento de la ONU y ante los titulares de las comisiones dictaminadoras, nombrados por la Legislatura integrada por el mismo diputado Feliciano Flores, en el seminario Avances y reflexiones hacia la Ley General de Aguas
En ese seminario también participaron las senadoras Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Asuntos Legislativos y Gloria Sánchez, secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.
“A más de nueve meses de entregarle en la mano al diputado Feliciano Flores Anguiano, la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, junto con 198,127 firmas de ciudadanos, el pasado 4 de febrero de 2020, ésta no ha sido dictaminada. Tampoco se han dictaminado las iniciativas de los otros promoventes”, denuncia Agua para Todos.
De manera precipitada, sin técnica legislativa e ignorando los criterios de expertos, los diputados federales Flores Mata pretenden llevar al pleno de la Cámara la iniciativa que no cumple con requerimientos para garantizara el derecho al agua de manera equitativa y sustentable, a partir de los procesos participativos de la ciudadanía, en conjunto con autoridades en los tres niveles de gobierno.
“Exigimos que se respeten los resultados del largo proceso de trabajo en la Ley General de Aguas. Condenamos las iniciativas regresivas de legisladores que buscan más de lo mismo, simulando que han legislado sobre el agua. ¡No a la Ley Mata Flores!”, demanda la organización que es parte de las mesas de análisis.
¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE LA LEY MATA-FLORES Y LA INICIATIVA CIUDADANA?
De acuerdo con Agua para Todos, en el esquema básico, la ley de los legisladores chihuahuense y michoacano, contempla que los mercados de agua, es decir, impone sobre las aguas nacionales un sistema de concesiones, objetos de transacciones de compra y venta.
En el mismo esquema básico, la ley consensada establece la recuperación de la rectoría del Estado, porque no permite su compra y venta, los utilizaría instrumentos de planeación encaminados hacia la sustentabilidad con equidad.
Para corregir el sobreconcesionamiento, en la ley Mata-Flores “no hay manera de extinguir ni de prevenir la compra-venta de concesiones otorgadas en exceso a la disponibilidad”, mientras que la ciudadana propone obligar a la Conagua a disminuir los volúmenes excesivos concesionados a grandes usuarios hasta recuperar aguas superficiales y subterráneas en cantidad y calidad.
Respecto de la priorización de usos y usuarios, la ley que proponen los diputados indica que la Conagua otorga concesiones en orden de solicitud; cuando ya no hay disponibilidad, sólo se puede lograr acceso a través de la compra de concesiones.
En la ley consensada, la ciudadana, en ese punto se garantizaría agua de calidad para consumo humano y para suficiencia alimentaria. “Otros volúmenes serían concesionados según las prioridades determinadas por cada región”.
La ley Mata-Flores no menciona a los pueblos indígenas, y la ciudadana establece el respeto al derecho de los pueblos al uro prioritario y la administración de las aguas en sus territorios.
Sobre el respeto por derechos de núcleos agrarios, la ley de los legisladores panista y morenista, desconoce los derechos por decreto presidencial y en su lugar, exige obtener concesiones. La ciudadana, propone el reconocimiento de los derechos al agua de los núcleos agrarios sin necesidad de concesión.
¿Cómo se prepara para la incertidumbre de la crisis climática?
En la ley Mata-Flores, las concesiones a particulares serían hasta por 30 años renovables, lo que generaría “rigideces incompatibles con escenarios de incertidumbre. No hay planeación territorial para lograr seguridad frente a sequías e inundaciones”.
Y la ciudadana, propone ajustar volúmenes y condiciones particulares de concesiones para adaptarse a las necesidades locales, así como planes vinculantes para proteger a la población y fortalecer la capacidad del territorio de manejar extremos climáticos.
En cuanto al control de la contaminación, en la ley Mata-Flores sólo se requiere permiso de descarga en algunos casos; se cobrarían derechos por superar el volumen permitido de contaminantes, con un descuento por descargar en aguas menos contaminadas. Los derechos cobrados no cubren el costo de inspección y sanción. “Prevalece la impunidad”.
La ley ciudadana propone un permiso de descarga que formaría parte integral de la concesión; las descargas tendrían que cumplir con metas para la eliminación progresiva de la contaminación. Si el concesionario incumple con las normas, ya no se le renovaría y la Conagua demandaría a los concesionarios contaminadores para que restauren las comunidades y ambiente afectados.
Los mecanismos de exigibilidad y prevención de la corrupción, en el caso de la ley Mata-Flores, ésta privilegia a los concesionarios al grado de que no quedan recursos para la inspección y la sanción.
En la ley ciudadana, el Consejo o la contraloría ciudadana, podrían emitir recomendaciones cuando se detecten dinámicas irregulares.
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